La PAC ha sido, con gran diferencia, la política común más importante y uno de los elementos esenciales del sistema institucional de la Unión Europea. Sus objetivos están establecidos en el artículo 39 del Tratado de Roma: incrementar la productividad, garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, estabilizar los mercados, garantizar la seguridad de los abastecimientos y asegurar al consumidor suministros a precios razonables. Ese mismo artículo reconoce la necesidad de tener en cuenta la estructura social de la agricultura y las desigualdades estructurales y naturales entre las distintas regiones agrarias, así como la conveniencia de efectuar gradualmente las oportunas adaptaciones.
La política agrícola común se creó en los años sesenta, en un momento en que Europa era deficitaria en la mayoría de los productos alimenticios. Sus mecanismos se configuraron para resolver esa situación, siendo su función principal la de apoyar los precios y las rentas interiores mediante operaciones de intervención y sistemas de protección fronteriza.
Esta política contribuyó positivamente al crecimiento económico y logró garantizar el suministro al consumidor europeo de una amplia gama de productos alimenticios de calidad a precios razonables. Hasta mediados de la década de los 90, la PAC fue, a gran distancia, la política comunitaria más importante, especialmente desde el punto de vista presupuestario. La Unión Europea se convirtió en el primer importador y el segundo exportador de productos agrícolas a nivel mundial.
Sin embargo, el sistema, que respondía acertadamente a una situación de déficit, puso de manifiesto una serie de deficiencias al comenzar la Comunidad a producir enormes excedentes de la mayoría de sus productos agrícolas. Montañas de mantequilla, lagos de leche y vino que debían destruirse por no encontrar demanda interna o externa. Surgieron tensiones en las relaciones con terceros países, especialmente EEUU, inquietos por los efectos que estaban teniendo las exportaciones subvencionadas de la UE en el precio mundial y en su propia presencia en el mercado internacional. Los costes de esa política llegaron a ser inaceptables.
Las reformas que se introdujeron en la PAC en los años ochenta y noventa han permitido a la UE responder a las obligaciones que le incumben en virtud de los acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT y las indicaciones de la OMC. El Acuerdo, de carácter recíproco, requirió una reducción de un 20% del apoyo interior prestado a la agricultura, un recorte del 36% del gasto presupuestario destinado a la subvención de las exportaciones y otra disminución de un 21% en el volumen de las exportaciones subvencionadas.
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