La UE ha estado siempre interesada en la aplicación de una política de desarrollo rural. En 1988 creó un marco consagrado específicamente a las zonas rurales.
Estas zonas representan más del 80% del territorio de la Unión Europea y más de una cuarta parte de su población. Su principal característica, de enorme valor, es su rica diversidad: diversidad del campo y diversidad de su cultura y tradiciones.
Desde hace muchos años el mundo rural viene sufriendo un proceso de transformación radical por el que se ejerce una presión cada vez mayor sobre un equilibrio ya de por sí frágil.
El declive de las actividades agrícolas tradicionales, el éxodo de las zonas rurales y el consiguiente envejecimiento de la población, la lejanía de algunas zonas y la deficiencia de las infraestructuras y de los servicios básicos son algunos de los principales problemas a los que se enfrentan esas zonas.
Comprometida en favor del desarrollo rural (como quedó claramente expresado en un informe sobre el "Futuro de la sociedad rural"), la Comunidad está buscando soluciones a esos problemas con el fomento, desde la reforma de los Fondos estructurales de 1988, de un verdadero desarrollo integrado. En 1993 las zonas rurales recibieron un mayor reconocimiento político en la Unión Europea con su mención expresa en el artículo 130 A del Tratado de Maastricht, que presenta a esas zonas como objetivo prioritario de la ayuda concedida a través de la política comunitaria de cohesión económica y social. Tratándose del desarrollo rural, el principal propósito que se persigue es mantener unas comunidades rurales viables, para lo cual resulta esencial una agricultura competitiva. Pero también es fundamental lograr que la economía rural se diversifique y, a tal fin, la Comunidad está centrando sus esfuerzos en campos tan diversos como el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, la explotación de la nueva tecnología en favor de las zonas rurales o el turismo rural.
El acceso a los servicios, la protección del medio ambiente y la mejora de la formación son otras tantas prioridades de importancia.
El reconocimiento de las necesidades particulares de las zonas rurales en 1988 y su confirmación en 1993 han dado lugar a una política de desarrollo rural específica con unos objetivos, principios, instrumentos y medios financieros establecidos.
Entre el 7 y el 9 de noviembre de 1996, se celebró en Cork (Irlanda) una gran Conferencia Europea sobre el desarrollo rural en la que la Comisión y sus socios nacionales, regionales y locales examinaron los elementos de los que debía componerse la política de desarrollo rural de la Unión para el nuevo período que se iniciará el año 2000. Tras dos días y medio de debate, el Presidente de la conferencia, Lord Plumb, miembro del Parlamento Europeo, presentó la llamada Declaración de Cork como resumen de los principales mensajes y conclusiones que debían extraerse de la conferencia.
La Declaración pide un desarrollo sostenible para todas las zonas rurales y una mayor subsidiariedad, simplificación e integración para las diversas medidas de apoyo al desarrollo de aquéllas. Como se afirmó entonces, la finalidad sería .un solo objetivo, un solo marco jurídico, una sola política y un solo programa. Algo simple, transparente y eficaz..
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